1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la próximo documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

2. El patrón deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, Campeóní como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

Los principios generales de prevención establecidos por la Directiva ámbito han sido actualizados de forma continua en la UE y desarrollados en otros documentos. Por ejemplo, la "Afirmación de Luxemburgo sobre promoción de la salud en el trabajo en la Unión Europea" establece una serie de principios para alertar una mala salud en el trabajo (enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes, lesiones, enfermedades profesionales y estrés) y promocionar la mejora de la salud y el bienestar de los empleados [13]. Estos principios son:

b) Velando por el cumplimiento de la norma sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control.

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en colchoneta a los principios de competencia, coordinación y Décimo, ordenando tanto la conducta de las diversas Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, como la necesaria Décimo en dicha comportamiento de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas.

Una primera cuestión que debe asaltar la teoría de la normatividad del derecho es la función que desempeña la autonomía de quien acepta un mandato de autoridad o una regla social en el surgimiento de obligaciones jurídicas.4 Podría sostenerse, en primer lado, que el deber concluyente o prima facie de realizar determinada energía se origina en un acto de habla (mandato) proferido por la autoridad, o en una convergencia de conductas y actitudes de los sujetos (regla social), independientemente de cuál sea la influencia que el destinatario de la regla (o cualquier otra persona distinta de quien emite el mandato) considere que sea debida u obligatoria (es asegurar, sin importar la ademán actos del sujeto al cual va dirigido el mandato o la regla social).

Para que un plan de prevención de riesgos laborales sea exitoso, se necesita de la Billete activa y permanente de todos los integrantes de la ordenamiento. 

Esta idea se encuentra íntimamente relacionada con la teoría de la "autoridad como servicio" expuesta por Raz, según la cual los mandatos de autoridad cumplen la punto de intermediarios entre los agentes y las razones para la batalla: cuando en una circunstancia ejercicio concurren normas jurídicas, los agentes no necesitan examinar los méritos de todas las acciones posibles, pues la autoridad pero ha decidido previamente por ellos. Y es que si una autoridad es legítima, entonces sus mandatos son producto de una deliberación que toma en cuenta todas las razones a favor y en contra de un acto, y reflejan las razones de viejo fuerza o peso. Por esta razón, según Raz,31 no existe autoridad allí donde los sujetos se interrogan acerca de las razones subyacentes de los mandatos y actúan en consecuencia.

1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para avalar la seguridad y la salud en el trabajo.

El Instituto Doméstico de Silicosis mantendrá su condición de centro de relato nacional de prevención técnicosanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio.

En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones Consultoría personalizada de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta índole, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente.

Una de las tesis fundamentales del positivismo jurídico sostiene que la existencia y el contenido de las normas de derecho dependen de un conjunto relativamente homogéneo de hechos sociales convencionales. Ello implica, entre otras cosas, que todo sujeto interesado en conocer el sentido y el talento de los enunciados de derecho debe comparecer exclusivamente a criterios verificables, fijados por convención, y no a consideraciones acerca de la conveniencia o Ecuanimidad que incorporan los sistemas de derecho. Tradicionalmente se ha considerado que "los mandatos de autoridad" o "las reglas sociales" constituyen los hechos más comunes en los que se originan las normas jurídicas, esto es, hechos sociales complejos mediante los cuales un sujeto puede identificar los actos genéricos que en determinados casos y de acuerdo con el sistema, debe o no jurídicamente llevar a agarradera.

Y, cercano a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance Positivo de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de forma adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.